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Denuncia contra Ayuntamientos por gestión de vehículos

Desde el bufete jurídico Mansego Lex Artis, en representación de la Asociación de Damnificados por la Dana del Horta Sud-Valencia, se ha interpuesto una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Valencia contra las personas responsables de los Ayuntamientos de Catarroja, Alfafar, Massanassa, Benetússer, Paiporta y Picanya, así como contra las empresas concesionarias que gestionaron la retirada y destrucción de vehículos afectados. Los delitos denunciados incluyen apropiación indebida, daños, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Los hechos denunciados abarcan el período entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, durante el cual varios vehículos afectados por la DANA fueron retirados sin justificación legal ni notificación previa, siendo trasladados a campas municipales o desapareciendo sin dejar rastro. Muchos de estos vehículos fueron dados de baja sin el consentimiento de las personas propietarias, y en algunos casos, sin recibir compensación alguna, fueron destruidos o enviados a desguaces.

Además, las personas afectadas han intentado obtener información sobre la situación de sus vehículos sin éxito, enfrentándose a una denegación de acceso a la información pública por parte de los ayuntamientos. Se alega también que las empresas encargadas del servicio de grúas y depósitos municipales ejecutaron estas retiradas sin la debida comunicación ni documentación, generando importantes daños económicos a los propietarios, quienes han sufrido pérdidas al no poder obtener indemnización.

La denuncia subraya la posible implicación de los y las responsables municipales y de las empresas concesionarias en actividades irregulares, como la venta indebida de restos de vehículos o la adjudicación irregular de contratos para la retirada de vehículos. Los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos se basan en la actuación arbitraria de los responsables al no seguir los procedimientos legales, así como en la posible obtención de beneficios económicos ilegales derivados de la gestión de estos vehículos.

Se solicita a la justicia que se tomen medidas cautelares para evitar la destrucción de pruebas y que se investigue a fondo la posible implicación de entidades públicas y privadas en estos hechos. También se pide que se reconozca el perjuicio a las personas afectadas y se les mantenga informadas sobre el avance del proceso.

Esta denuncia destaca la gravedad de los hechos ocurridos y la necesidad de que se esclarezcan las responsabilidades de los implicados.